UNAM destinó 14.6 millones de pesos para examen de control presencial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) erogó un total de 14.6 millones de pesos para la realización de sus exámenes de control presenciales, según datos obtenidos a través de solicitudes de transparencia. De este presupuesto global, el rubro más significativo correspondió a la logística operativa necesaria para albergar a los miles de aspirantes que participaron en la jornada de evaluación.

El reporte oficial detalla que 9.5 millones de pesos fueron destinados exclusivamente a la renta del Palacio de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México. Este recinto fue seleccionado por las autoridades universitarias para fungir como sede principal debido a su capacidad de aforo y las facilidades logísticas que ofrece para la administración masiva de pruebas académicas bajo estrictos protocolos de organización.

El resto de los recursos financieros, que suman aproximadamente 5.1 millones de pesos, se distribuyeron en diversos gastos operativos adicionales. Entre estos conceptos se incluyeron la contratación de servicios de seguridad privada, el despliegue de personal técnico para el montaje de mobiliario, así como los insumos necesarios para la impresión y distribución de los materiales de examen en formato físico.

Estos movimientos presupuestales forman parte del ejercicio de rendición de cuentas que la institución realiza de forma periódica. La inversión refleja los costos asociados a la logística de gran escala que implica la aplicación de exámenes presenciales, un proceso que requiere una coordinación integral entre diversas áreas administrativas y operativas de la máxima casa de estudios para garantizar el desarrollo ordenado de las actividades académicas.

La información, difundida tras una consulta vía transparencia, busca esclarecer el destino de los recursos públicos gestionados por la universidad. La comunidad universitaria y los sectores interesados mantienen el seguimiento sobre cómo se distribuyen los presupuestos para asegurar que el uso de los fondos se alinee con las necesidades operativas de los procesos de ingreso y evaluación de la institución.