Sheinbaum califica de impagable la deuda heredada por el Fobaproa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó este sábado como impagable la deuda histórica derivada del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), al señalar que las condiciones bajo las cuales se formalizó dicho rescate privilegiaron intereses privados sobre el erario público. Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que las resoluciones tomadas en décadas anteriores consolidaron un esquema que aún hoy compromete los recursos presupuestales del país.

La titular del Ejecutivo federal enfatizó que el proceso de conversión de pasivos privados en deuda pública estuvo marcado por diversas irregularidades que favorecieron a banqueros y grandes empresas. Según lo expuesto por la presidencia, estas acciones no solo afectaron la estabilidad financiera de largo plazo, sino que impidieron destinar mayores recursos a programas sociales y proyectos de infraestructura necesarios para el desarrollo nacional.

El equipo de la Presidencia de la República adelantó que se realizarán revisiones exhaustivas para dimensionar el impacto real que estos pagos continúan generando en las finanzas públicas. La administración federal busca documentar las omisiones y excesos cometidos durante la gestión de aquel rescate para esclarecer ante la opinión pública el origen de estos compromisos financieros que persisten en la actualidad.

Aunque el gobierno federal reconoce la complejidad jurídica de modificar contratos suscritos hace años, la presidenta Sheinbaum planteó que es necesario abrir un debate nacional sobre la carga presupuestal que representa el Fobaproa. La propuesta central del gobierno es transparentar el destino de cada peso que se destina al pago de intereses, con el fin de evaluar alternativas que permitan aliviar la presión sobre el presupuesto federal en los próximos ejercicios fiscales.

Finalmente, la administración federal reiteró su compromiso de no incrementar la deuda pública bajo esquemas similares y de mantener una política de austeridad republicana. Las autoridades señalaron que la prioridad actual se centra en garantizar la sostenibilidad de los programas de bienestar sin recurrir a mecanismos que comprometan la soberanía financiera del Estado mexicano.