Pobladores de Sinaloa rechazan instalación de planta de amoniaco en Topolobampo

Más de 300 ciudadanos, agrupados con activistas de Greenpeace, se manifestaron de manera pacífica este viernes 4 de septiembre en el tramo carretero que conecta Los Mochis con el puerto de Topolobampo, en Sinaloa. Los asistentes expresaron su rechazo a la instalación de una planta de amoniaco en la zona, argumentando preocupaciones sobre el impacto ambiental y los riesgos para el ecosistema marino de la bahía.

Durante la movilización, los participantes portaron mantas y consignas al grito de “¡Aquí No!”, buscando visibilizar la oposición social que ha persistido en la región. Según los manifestantes, el proyecto industrial representa una amenaza directa para las actividades pesqueras y la biodiversidad local, elementos fundamentales para la economía y la seguridad alimentaria de las familias asentadas en las inmediaciones del complejo portuario.

Los activistas presentes enfatizaron que la consulta y el cumplimiento de las normativas ambientales por parte de las autoridades federales deben ser estrictos. Señalaron que cualquier desarrollo industrial en la zona debe priorizar el equilibrio ecológico y el respeto a los derechos de los habitantes, quienes han expresado reiteradamente su desconfianza hacia los estudios de impacto ambiental presentados previamente.

Por su parte, los representantes del movimiento de resistencia indicaron que mantendrán las acciones de protesta y diálogo social mientras no se presenten garantías claras sobre la protección de su entorno. El grupo ha solicitado mesas de trabajo con representantes de la SEMARNAT y otras autoridades competentes para exponer sus inquietudes y exigir una revisión exhaustiva de los permisos otorgados para este tipo de operaciones industriales.

El desarrollo de este proyecto ha sido un tema de constante debate en la agenda local durante los últimos meses, enfrentando posturas encontradas entre sectores económicos que buscan inversión y colectivos sociales que defienden la preservación del ecosistema. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una nueva resolución que modifique el estatus legal de la obra, manteniendo la incertidumbre entre la población de la zona norte de Sinaloa.