La SCJN obliga a juzgar desapariciones de defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este viernes que los procesos judiciales relacionados con la desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos deben ser analizados bajo una perspectiva de género e interseccionalidad. Esta resolución establece que los juzgadores tienen la obligación constitucional de aplicar estos criterios, dejando de considerarlos como una opción discrecional durante la investigación y el juicio de estos delitos.

La decisión de los ministros subraya que la labor de defensa de derechos humanos coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad específica, la cual se agrava por factores como su entorno socioeconómico, origen étnico o el contexto territorial donde ejercen su activismo. Al integrar la interseccionalidad, la Corte busca que el sistema de justicia considere cómo estas diversas formas de opresión se cruzan para aumentar el riesgo de violencia y la impunidad en los casos de desaparición.

El fallo señala que las autoridades ministeriales y judiciales deben realizar una valoración integral de las pruebas, evitando estereotipos que minimicen el riesgo que enfrentan las víctimas por su labor. La obligatoriedad de este enfoque pretende eliminar las barreras institucionales que históricamente han dificultado el acceso a la verdad y a la justicia para las familias y colectivos que buscan a mujeres defensoras en el país.

Esta determinación es vinculante para todos los tribunales del país, tanto federales como locales. A partir de esta sentencia, cualquier omisión en la aplicación de la perspectiva de género durante la sustanciación de estos expedientes podrá ser señalada como una violación al debido proceso, lo que abre la puerta a procesos de revisión más rigurosos bajo la supervisión de la instancia máxima del Poder Judicial de la Federación.

Con esta medida, el Poder Judicial busca armonizar las prácticas de procuración e impartición de justicia con los estándares internacionales de derechos humanos. La resolución representa un avance significativo para los colectivos de búsqueda, quienes han señalado que la falta de un enfoque diferenciado ha sido uno de los principales obstáculos para esclarecer el paradero de quienes han dedicado su vida a la defensa de los derechos en México.